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Barcelona, 22 de diciembre de 2005

España tienen una realidad lingüística mucho más compleja que la paraguaya. Muchísmo más. Y sin embargo se está convirtiendo –con muchas dificultades, nadie lo niega– en una democracia plurilingüe. Ojalá Paraguái sea capaz de normalizar y estatalizar el guaraní, antes no sea demasiado tarde.

Al final tres textos.

• Una opinión de un paraguayo sobre sus lenguas.

• Dos artículos sobre el modelo lingüístico español. (Entiendan bien el contexto, no se pide sólo "más vasco en el País Vasco", ahora se pide “vasco en las instituciones centrales de la administración española, del Estado Español: ministerios, símbolos, poderes, etc”. El salto cualitativo y cuantitativo es enorme... es un salto que debe darse para salvar una lengua. El Estado no puedes ser ni indiferente ni hostil al vasco, por ejemplo, como hoy sí lo es por acción u omisión el Estado Paraguayo con el guaraní y las demás primeras lenguas paraguayas).

Poañua.

Joan Moles
paraguai-paraguay@telefonica.net

Una opinión de un paraguayo sobre sus lenguas

[...] el guarani debe estar en un mismo nivel que el castellano en nuestra sociedad. [...]

A mi entender, el guarani debe pasar primero por un período de "vulgarización". A qué me refiero, a que todo habitante hablante o no del guaraní tenga presente diariamente al guaraní, en todas partes, en la radio, en la televisión, en los celulares, en los carteles, en los envoltorios de las mercaderías, etc. El guaraní solamente está en forma oral. Las cosas transmitidas en forma oral son más fáciles de olvidar, de perderse, etc. Es preciso que el guaraní se imponga de forma visual. Por qué la publicidad visual es más costosa (en dinero) que la oral, por sus mejores y mayores resultados. Es preciso que la grafía guaraní sea vista.

El guaraní, si bien es hablado por la mayoría en el Paraguay (precariamente o no, correctamente o no), son muy pocos los que escriben o leen. Si no se revierte esa situación, el guaraní irá desapareciendo paulatinamente en las próximas generaciones, ya que con la globalización, con los nuevos medios de comunicaciones (SMS, e-mails, Messenger, etc.), que tienen como regla fundamental, que todo lo que uno quiera expresar tiene que hacerlo en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de palabras (abreviadas groseramente). Si el hablante guaraní no sabe escribir en guaraní, por comodidad o por obligación, pasará a hacerlo en castellano. Por consiguiente, poco a poco el guaraní quedará relegado hasta que algún día quedará en desuso y será una lengua muerta. Espero que esto no ocurra.

Muchos paraguayos se preguntan ¿para qué el guaraní?; y sostienen que es mejor saber el inglés, que el guaraní no tiene utilidad alguna.

Quien suscribe en algún momento también pensaba de la misma manera, hasta que en una oportunidad un profesor de inglés (sudafricano) me dio una gran lección con hechos que yo, si bien no los ignoraba, no los tenía presente. Paso a contarle esa lección.

Estando en el aula en plena discusión sobre la importancia del conocimiento del idioma inglés, Mr. [...], saliendo del ambiente anglo, nos pregunta ¿y el guaraní, qué importancia tiene para ustedes?. Todos respondimos en forma negativa. Que “el guaraní no tiene futuro”; que “el guaraní sólo se conoce aquí”; que “el guaraní no sirve para comunicarse en el extranjero”; que “el guaraní es "dulce", es nuestro (sentido de pertenencia) pero…”.

Mr. [...] tomó un pincel marcador, y en letras grandes escribió en la pizarra: “ESTÁN EQUIVOCADOS”, y acto seguido comenzó a hablar en un idioma que no entendíamos para nada. Volvió al castellano, y nos dijo que lo que acabábamos de escuchar también es "dulce" y que él se sentía emocionado de poder hablarnos en una lengua de su tierra, y que ese idioma es el “afrikaans”, y que también en su país se hablan otros idiomas más como zulú, xhosa, swazi, ndebele, sotho del norte, sotho del sur, tsonga, tswana, venda, y por supuesto el idioma que les sirve para comunicarse con el mundo, el inglés. Nos dijo que como paraguayos teníamos la obligación de conocer el guaraní, de promover el guaraní, de usar el guaraní, ya que es nuestra lengua propia; que el castellano es un gran regalo que nos hicieron los europeos, pero no es nuestro. Que es preciso que hablemos el inglés, por su importancia internacional, que hablemos el castellano también, por su importancia en la región, así como el portugués; pero que el guaraní es nuestra identificación en el mundo, que cuando hablemos el guaraní en cualquier parte del mundo, y al escuchar otra persona nos pregunte (en castellano, en inglés, francés, etc.) qué idioma hablamos, respondamos el guaraní de Paraguay.

Todos los alumnos comprendimos la necesidad de tener una identidad propia en el mundo, de tener algo nuestro; que nuestra idea de ser internacionales, universales, no estaba errada, pero a la par de ello debíamos de mantenernos unidos y en paz con nuestro origen, orgullosos de tener una identidad propia, no prestada.

http://www.om-plural.org/article.php?id=192

Multilingüismo. España, un sistema mejorable

Por Albert Branchadell

EL PAÍS - Opinión - 22-12-2005

El pasado 21 de septiembre el Comité de Expertos encargado de evaluar la aplicación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias emitió un informe sobre la aplicación de la Carta en España que debería llenarnos de orgullo a todos los españoles. Según el Comité, debe elogiarse a España "por el sólido reconocimiento y el alto grado de protección asegurados en principio a las lenguas regionales o minoritarias", cosa que sitúa a España "entre los países más firmemente comprometidos con la protección y promoción de las lenguas regionales o minoritarias", gracias a la cooficialidad del catalán / valenciano, gallego y euskera en las comunidades autónomas respectivas y a las correspondientes leyes autonómicas de "normalización lingüística".

No deja de ser interesante constatar que, por las mismas fechas que el Comité de Expertos difundía su encendido elogio de un sistema de protección considerado literalmente "extraordinario", todo un catedrático de universidad como Aurelio Arteta tuviera la ocurrencia de afirmar en esta tribuna de opinión que las mismas leyes de normalización lingüística que nos sitúan a la vanguardia de la protección y promoción de las lenguas regionales o minoritarias en Europa son "contrarias al espíritu y la letra"... ¡de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias! (Cooficiales porque sí, 26 de septiembre). De hecho, en los últimos tiempos, acaso coincidiendo con la propuesta de nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña, se vuelven a escuchar voces contra los "excesos" de la normalización lingüística, tanto en las tribunas previsibles para estas cosas como en medios tradicionalmente más ponderados. Un empeño en el que no falta, como siempre, la estricta demagogia o incluso la mera ignorancia, como las que exhibía recientemente en estas páginas Ángel de la Fuente (Reflexiones sobre el proyecto de Estatuto catalán, 5 de octubre) sosteniendo que el proyecto de Estatuto "proscribe" el castellano de un sistema educativo que paradójicamente establece el deber de conocerlo al finalizar la enseñanza obligatoria, afirmando lo propio de unas administraciones públicas ante las cuales los ciudadanos tienen reconocido el derecho de opción lingüística, o ridiculizando el nivel de catalán que se exige a los médicos forenses en Cataluña con el burdo argumento de que los forenses sólo examinan cadáveres.

Pero la verdad es que en su informe el Comité de Expertos no se limita a elogiar un sistema de protección basado en algo que Arteta, de la Fuente y otros consideran auténticas "tropelías". El Comité de Expertos también pone de relieve una serie de "inconvenientes" en este extraordinario sistema, algunos de los cuales tienen suficiente envergadura para que el Comité de Ministros del Consejo de Europa los haya convertido en "recomendaciones" a las autoridades españolas para que mejoren la protección de las lenguas regionales o minoritarias de España -es decir, para que vayan todavía un poco más lejos de lo que Arteta y compañía ya consideran demasiado lejos-.

Veamos un ejemplo. En el momento de ratificar la Carta, uno de los compromisos que adquirió España fue el de garantizar que en las comunidades autónomas donde se habla catalán / valenciano, gallego y euskera los tribunales pudieran llevar a cabo los procedimientos en las lenguas respectivas a requerimiento de una de las partes procesales. Cualquiera que viva en una de las comunidades autónomas relevantes puede calibrar lo fantástico del compromiso. Si ya es muy difícil que un juzgado se dirija a uno en la lengua cooficial distinta del castellano, esperar que todo el procedimiento se lleve a cabo en esa lengua es hoy por hoy un objetivo simplemente inalcanzable. No es extraño, pues, que ése sea uno de los puntos en que el Comité de Expertos observa una auténtica "brecha" entre el compromiso contraído por España y su cumplimiento en la práctica. Y no es extraño que el Comité de Ministros recoja la preocupación del Comité de Expertos y recomiende a las autoridades españolas que tome las medidas jurídicas y prácticas necesarias para asegurar que un porcentaje "adecuado" del personal que trabaja en la Administración de justicia en las comunidades autónomas relevantes "tenga un conocimiento práctico de las lenguas pertinentes".

Después de la amonestación europea, las autoridades españolas tienen ante sí la posibilidad de cerrar la brecha detectada por el Comité de Expertos, empezando por Cataluña y por medio de toda una ley orgánica del Estado cual será el nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña. Según el artículo 102 del texto remitido al Congreso de los Diputados, para ocupar una plaza de magistrado, juez o fiscal en Cataluña, los candidatos "deben acreditar un conocimiento adecuado y suficiente del catalán". Es posible que este artículo, como muchos otros del proyecto catalán, no supere el trámite parlamentario tal como está; lo que no sería de recibo es que, ignorando la recomendación del Consejo de Europa, las Cortes no encontraran la fórmula para que al menos un porcentaje "adecuado" de magistrados, jueces y fiscales que ejerzan en Cataluña tenga un conocimiento práctico de la lengua que comparte oficialidad con el castellano.

Garantizar que los ciudadanos que lo deseen puedan desenvolverse en su lengua regional o minoritaria en sus relaciones con la Administración de justicia es una de las preocupaciones del Comité de Expertos que vela por la correcta aplicación de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias. Una preocupación más general del Comité es que "sigue siendo necesario crear conciencia en España acerca de las lenguas regionales o minoritarias". El Comité lamenta en su informe que los medios de comunicación españoles apenas presten atención a la diversidad lingüística del país, y que la mayoría de la población de las comunidades autónomas no afectadas no sea consciente de que España es un país plurilingüe (es decir, que crea que España es un país monolingüe). Para remediarlo, el Comité considera preciso "redoblar los esfuerzos para educar a la población mayoritaria castellanoparlante y a los medios de comunicación nacionales, con miras a fomentar una mayor aceptación y respeto por las especificidades de las identidades regionales como parte integrante del patrimonio español". Pues bien, en eso también tienen las autoridades españolas un documento sobre la mesa que puede contribuir a mejorar el sistema. Se trata de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana "de protección y promoción de las lenguas españolas distintas del castellano", que incluye entre las medidas que debería adoptar el Estado la de difundir entre la población española el conocimiento de la realidad plurilingüe de España. La propuesta de Esquerra de convertir el catalán / valenciano, gallego y euskera en lenguas oficiales del Estado puede parecer políticamente inoportuna: desde el punto de vista catalán, interfiere de modo partidista en un objetivo transversal del Gobierno tripartito citado explícitamente en el famoso pacto del Tinell; desde el punto de vista español, plantea de golpe un objetivo demasiado ambicioso si tenemos en cuenta las grandes reticencias que suscita una medida tan modesta como el uso del catalán / valenciano, gallego y euskera en el Congreso de los Diputados. Pero por más inoportuna que pueda ser la propuesta de Esquerra no es la aberración que algunos han pretendido, sino un punto de partida para una discusión finalmente ineludible que se inscribe escrupulosamente en el mandato constitucional de respeto y protección del patrimonio lingüístico español y en la misma lógica que llevó a España a ratificar la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias en el año 2001 y a solicitar en el 2004 el reconocimiento oficial del catalán / valenciano, gallego y euskera en las instituciones de la Unión Europea.

Hay quien cree, como Aurelio Arteta, que la idea de mejorar las posibilidades de uso del catalán / valenciano, gallego y euskera en las instituciones del Estado (o en las de la Unión Europea) no tiene fundamento alguno. Su divisa es que en lo concerniente al reconocimiento de esas lenguas en nuestras instituciones estatales (o europeas) comunes lo que hay es lo que debe haber. (De hecho, según él, tal como se lo oímos decir en Barcelona, la situación del catalán / valenciano, gallego y euskera en 1975 es también la que debía haber, por lo que las políticas de normalización lingüística nunca deberían haber existido). Los que no hemos llegado a catedráticos de Filosofía, pero recordamos de nuestras clases de juventud que un filósofo que se precie no puede confundir lo que es con lo que debe ser, no compartimos su visión de las cosas. Y sabiendo que quien gobierna España en este momento tampoco es un adepto del inmovilismo, esperamos grandes cosas de esta legislatura.

http://www.om-plural.org/article.php?id=191

Multilingüismo. Plurilingüismo en el Congreso

A Manuel Marín, A. Pérez Rubalcaba y demás miembros del PSOE en el Congreso, con afecto y respeto institucional.

La pretensión de reducir el plurilingüismo al Senado no tiene fundamento en la política comparada de las democracias plurilingües.

Por Albert Branchadell y Ferran Requejo

La Vanguardia, 21/12/2005

En el debate sobre el estado de las autonomías (noviembre 2005) se oyeron desde la tribuna de oradores del Senado el catalán/ valenciano, el gallego y el euskera. Con el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto uno, se aprobó una moción que alude a "hacer posible el uso de las lenguas oficiales en todas las sesiones de la Cámara". En todo caso, el Senado ya tiene la infraestructura (cabinas de interpretación e intérpretes) y un feliz precedente de sesión plurilingüe para hacer realidad ese objetivo. Feliz porque el debate discurrió con total normalidad. Y España no se rompió. Más bien al contrario: permitir el uso de las tres lenguas mencionadas sólo puede acercar a los ciudadanos que las hablan a las instituciones políticas que las reconocen y, sobre todo, proporciona a estos ciudadanos los mismos derechos lingüísticos de los que ya gozan los ciudadanos de lengua castellana.

Las lenguas son bastante más que un mero vehículo de comunicación. Incluyen aspectos relacionados con la autocomprensión y autoestima de las personas. Y no hay ninguna razón moral para que el pluralismo lingüístico no tenga también su expresión en el Congreso de los Diputados. Una Cámara Baja plenamente plurilingüe situaría a España en línea con otros países plurilingües, tanto del entorno de las democracias occidentales como de otras regiones del planeta no menos significativas.

En Europa son paradigmáticos los casos de Bélgica y Suiza. En Bélgica, neerlandés y francés se usan en igualdad de condiciones tanto en la documentación y debates de ambas cámaras del Parlamento como en la publicación de las leyes. Lo mismo cabe decir de las dos cámaras suizas (Consejo Nacional y Consejo de los Estados), donde se hablan las tres lenguas reconocidas: alemán, francés e italiano. También en el Parlamento de Finlandia se emplean el finlandés y el sueco (lengua de sólo un 5% de la población).

Todavía en Europa es interesante el caso de Macedonia, en cuya Asamblea Nacional, tras los acuerdos de paz del 2001, se permite el uso del albanés, a pesar de que la Constitución sólo reconoce al macedonio como lengua oficial de la república. Fuera de Europa, el caso más conocido es el de Canadá, donde francés e inglés son iguales en derecho tanto en la Cámara de los Comunes como en el Senado. Pero hay otros casos menos conocidos, como el uso habitual del quechua y del aymara en el Parlamento boliviano; del inglés y del afrikaans en las dos cámaras de Sudáfrica; del inglés, hausa, igbo y yoruba en el Parlamento federal de Nigeria; del amhárico, tigriña y oromo, además del inglés, en Etiopía. Otros casos son el inglés y el maorí hablados en el Parlamento de Nueva Zelanda, el inglés y el hindi en el Parlamento bicameral de India; el singalés y el tamil en el de Sri Lanka, o el caso de las islas Fiyi, cuyo Parlamento bicameral funciona en inglés, si bien la Constitución reconoce el derecho a utilizar las lenguas fiyi e hindi. En fin, lo ejemplos podrían seguir, pero basten los mencionados para poner de manifiesto que en la regulación del plurilingüismo en las instituciones y en la simbología del Estado,

España es una democracia todavía bastante atrasada. Es decir, una democracia aún poco sensible a reconocer y proteger en sus símbolos e instituciones su diversidad lingüística y nacional internas.

A veces se argumenta que el Senado, en tanto que cámara de representación territorial, es el lugar apropiado para el uso de las lenguas oficiales diferentes del castellano. Es un argumento falaz. Las lenguas las hablan las personas, no los territorios. Y es el pluralismo (también lingüístico) de los ciudadanos contribuyentes lo que se representa (hasta ahora lingüísticamente mal) en las dos cámaras del Parlamento. La pretensión de reducir el plurilingüismo al Senado no tiene fundamento ni en la política comparada de las democracias plurilingües ni en consideraciones liberal-democráticas. En los casos antes citados, mayoritariamente sistemas parlamentarios bicamerales, el plurilingüismo suele practicarse en ambas cámaras del parlamento. De hecho, las posibles diferencias apuntan incluso a un menor grado de institucionalización del plurilingüismo en las cámaras altas. Y en el caso español, hay además precedentes históricos. Ya en las Cortes de la Corona de Aragón se hablaba en latín, catalán y aragonés.

El Congreso de los Diputados ha admitido recientemente a trámite una proposición de ley, presentada por ERC, "de protección y promoción de lenguas españolas distintas del castellano". En ella se prevé, entre otras cosas, "disponer las medidas necesarias para permitir un uso normal de todas las lenguas oficiales del Estado en los trabajos de comisiones y plenos de las dos cámaras de las Cortes Generales". Más interinamente, los reglamentos del Congreso y del Senado deberían incluir de una manera amplia (sin estrategias cicateras) el uso de las cuatro lenguas en todos los niveles de los trabajos parlamentarios. La salida que se dé a estas normas legislativas ofrecerá un indicador objetivo de la credibilidad del Gobierno Zapatero en regular el pluralismo lingüístico como una pieza clave dentro de la más amplia y repetida noción de la España plural. Es una buena oportunidad para alinear a nuestro país con los sistemas democráticos del mundo más comprometidos con la acomodación de su diversidad lingüística interna. O para hacerlo incluso mejor que ellos.