Anteproyecto de Ley de la CNB

[Hecho por la Comisión Nacional de Bilingüismo, 2006]

Anteproyecto de Ley de Lenguas de la República del Paraguay

En el mundo actual, se reconoce cada vez con mayor convicción el aspecto positivo que supone la afirmación de las identidades culturales y lingüísticas. El multilingüismo y pluriculturalismo no se consideran ya flaquezas sino riquezas que deben ser explotadas en el país.

El tratamiento del multilingüismo parece dificultoso, sin embargo, el fenómeno del bilingüismo sobre el que la mayoría de las investigaciones que han sido realizadas es esencialmente una variante del multilingüismo. Y que muchos de los resultados obtenidos, aunque no todos, pueden ser generalizados para tratar todas las variantes del multilingüismo, demostrando así cómo los sistemas bilingües pueden formar las bases de modelos multilingües.

Es necesario comprender y hacer comprender que los prejuicios sobre el bilingüismo y el multilingüismo, públicamente afirmados pero científicamente dudosos deben ser reemplazados por una visión más diferenciada de la adquisición y uso del lenguaje en una sociedad pluricultural y plurilingüe.

Nuestro país fue, en cierto modo favorecido por las circunstancias históricas que han contribuido a mantener dos lenguas, el guaraní y el castellano, habladas por la mayoría de la población, así como cerca de 20 lenguas indígenas y una variedad de lenguas modernas.

La feliz situación multilingüe del Paraguay, con una presencia tan destacada del guaraní, permite pensar en un liderazgo en tema de defensa de las lenguas en América Latina, y sobre todo, un liderazgo en la gestión de la lengua guaraní dado que la comunidad lingüística guaraní no está ceñida exclusivamente a sus habitantes paraguayos. Algunas iniciativas lideradas por el Paraguay deberían beneficiar al conjunto de la comunidad lingüística guaraní sin que las fronteras políticas limitaran esta responsabilidad.

Es necesario también el reconocimiento y la aceptación de todas las lenguas tanto originarias como extranjeras, habladas en la República para asegurar que sean respetados los derechos lingüísticos de comunidades, grupos e individuos sin que se hagan distinciones entre lenguas oficiales/no oficiales, nacionales/regionales, mayoritarias/minoritarias, modernas/arcaicas, de acuerdo con lo previsto en el Art. 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: "En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma."

Además, el Art. 77 de la Constitución Nacional estipula: "La enseñanza en los comienzos del proceso escolar se realizará en la lengua oficial materna del educando; se instruirá asimismo en el conocimiento y empleo de ambos idiomas oficiales de la República. En el caso de las minorías étnicas cuya lengua materna no sea el guaraní, se podrá elegir uno de los idiomas oficiales".

Esta disposición normativa otorga al idioma guaraní por primera vez, una igualdad jurídica ante el castellano, resolviendo un largo debate sobre la situación del guaraní, una de las lenguas originarias del Paraguay, hablada por la mayoría de sus habitantes, y la posibilidad de que dichos hablantes puedan ser, también por primera vez, alfabetizados en su lengua materna.

La Constitución Nacional se enfrenta así a una realidad innegable, abordando el tema de las lenguas como proyecto político de nación y una cultura más integradora y democrática que oriente los procesos de comunicación humana y social según pautas de equidad, descentralización político - administrativa, a través de nuevos espacios de autogestión, y, lo que importa, un acto de justicia conmutativa, reconociendo igual estatus oficial a las dos lenguas nacionales; prescribiendo la escolarización inicial en lengua materna, y la defensa de la identidad cultural.

Con este "Anteproyecto de Ley de Lenguas" se espera que esa voluntad política demostrada al introducir los artículos 140 y 77 de la Constitución Nacional motive a los legisladores de hoy en su misión de sancionar la ley que reglamenta dichos artículos a fin de que la misma sea incorporada en los cuerpos legales de derecho positivo para que se refleje en una nueva administración de justicia que restituya la vigencia del guaraní en los procesos orales; en un nuevo estatuto de municipalidades y gobiernos departamentales, con su conveniente inserción en la Ley Nacional de Presupuesto. En una administración escolar que devuelva a la comunidad educativa la opción de escoger y proponer estrategias y contenidos curriculares. En una política de defensa y promoción del guaraní y de otras lenguas nacionales en el contexto de las culturas populares en los medios de comunicación de masa, particularmente la radio y la televisión que cumplen un papel incanjeable, en cuanto a fortalecer y difundir lo más auténtico de nuestra tradición oral y en la prensa escrita, importante recurso de expresión y comunicación humana.

Para el adecuado cumplimiento y la plena satisfacción de los objetivos de la Ley, se crea una Secretaría de Estado de Política Lingüística, un Instituto de la Lengua Guaraní y de las Lenguas Indígenas y un Consejo Social de las Lenguas del Paraguay.

EL ANTEPROYECTO DE LEY DE LENGUAS DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY es el fruto de un largo proceso de reflexión de las opiniones expresadas por un gran número de personas, organizaciones e instituciones de todo el país y también del exterior, recogido democráticamente, en los Foros Nacionales de Consulta, los Diálogos Nacionales para una Ley de Lenguas, Congresos, Seminarios, Reuniones con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del Parlamento Nacional, Encuentros con Especialistas procedentes de diferentes disciplinas y campos de actuación tanto del Paraguay como de países extranjeros.

Ha sido invaluable el apoyo recibido por expertos tanto en lenguas como en leyes del Comité Científico de LINGUAPAX UNESCOCAT. Centro UNESCO de Cataluña y el apoyo del Instituto Ramón Llull del Gobierno de Cataluña.

Este amplio debate preliminar ha sido realizado en la búsqueda del equilibrio entre los planteamientos de las diversas personas e instituciones avocadas en la elaboración de propuestas para una política lingüística tan necesaria para el país.

Es deber fundamental del Estado paraguayo, como estado pluricultural y bilingüe velar por el respeto, la preservación y la promoción de todas las culturas, de las dos lenguas oficiales y las demás lenguas habladas en la República del Paraguay; el Anteproyecto de Ley de Lenguas es una propuesta para facilitar y orientar el proceso de desarrollo en el contexto lingüístico cultural.

Capítulo I
De las declaraciones fundamentales

Art. 1. La presente Ley reglamenta los Artículos 140 y 77 de la Constitución Nacional. Por ello, establece las modalidades de utilización de las Lenguas oficiales de la República, garantiza su aprendizaje, dispone medidas para la enseñanza, preservación y promoción de todas las lenguas habladas en la República del Paraguay, y crea la estructura organizativa necesaria para el desarrollo de la Política Lingüística Nacional.

Art. 2. El Estado paraguayo, en tanto sea un Estado pluricultural y bilingüe, velará por el respeto, preservación y promoción de todas las culturas, de las dos lenguas oficiales y de todas las demás lenguas habladas en el territorio nacional. Las lenguas habladas por comunidades diferenciadas constituyen una parte esencial del patrimonio cultural de la nación.

Art. 3. El guaraní y el castellano, como lenguas oficiales, tendrán un uso equitativo en los tres Poderes del Estado y en todas las instituciones públicas.

Art. 4. El gobierno promoverá el reconocimiento del guaraní como lengua del MERCOSUR y garantizará que, dicha lengua adquiera la condición de lengua de los tratados de esta organización regional. En los programas Lingüísticos y Educativos del MERCOSUR se deberá tener en cuenta a las lenguas indígenas de los países integrantes. Los mismos criterios se aplicarán para otras organizaciones regionales. La República del Paraguay prestará especial atención en la enseñanza de lenguas extranjeras, en particular las oficiales de organizaciones regionales de las que sea miembro, singularmente del MERCOSUR.

Art. 5. Las manifestaciones públicas y privadas, orales o escritas, producen los mismos efectos jurídicos si se expresan total o parcialmente en cualquiera de los idiomas oficiales, sin necesidad de traducción a la otra lengua oficial o de cualquier exigencia previa.

Art. 6. Ninguna persona ni comunidad lingüística podrá ser discriminada por razón del idioma que utiliza ni por razones de género.

Art. 7. El Estado debe garantizar los derechos lingüísticos de los habitantes de Paraguay. Los tribunales del fuero jurisdiccional correspondiente serán competentes para conocer de las violaciones que se produzcan en relación con los derechos lingüísticos reconocidos por esta ley a los habitantes de Paraguay.

Art. 8. Para el adecuado cumplimiento y la plena satisfacción de los objetivos de la Ley, se crea la Secretaría de Estado de Política Lingüística, el Instituto de la Lengua Guaraní y de las Lenguas Indígenas y el Consejo Social de las Lenguas del Paraguay. Será reglamentado el funcionamiento de los mismos.

Capítulo II
De los derechos lingüísticos

Art. 9. Son derechos lingüísticos individuales de todos los habitantes de la República:

1. No ser discriminado por razón de la lengua.
2. Conocer las dos lenguas oficiales y, en el caso de los pueblos indígenas que no pertenecen a la familia Guaraní, el de conocer su propia lengua además de las dos lenguas oficiales.
3. Relacionarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales con los organismos públicos, y el de ser correspondido en la lengua elegida en los términos previstos en la presente ley.
4. Utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales ante la administración de justicia, y el de ser correspondido en la lengua elegida en los términos previstos en la presente ley. Deberá en juicio ser asistido por personas que hablen su idioma.
5. Recibir educación inicial, comprendida la lectura y escritura, en la lengua materna. Cuando dicha lengua no sea una de las lenguas oficiales se optara por una de ellas como segunda lengua.
6. Poder utilizar normal y correctamente el guaraní y el castellano al terminar la educación básica.
7. Aprender lenguas extranjeras en centros públicos o privados.

Art. 10. Son derechos lingüísticos colectivos de los habitantes de la República:

1. Ser reconocidos como miembros de una comunidad lingüística.
2. Mantener la lengua y la cultura propias.
3. Asociarse con otros miembros de su misma comunidad lingüística para la defensa y promoción de la lengua y la cultura propias.
4. Disfrutar de una educación bilingüe castellano-guaraní en todo el sistema de Educación Nacional, formal y no formal, desde el nivel inicial hasta el nivel de la educación superior.
5. Utilizar, la propia lengua, en común con los demás miembros de la comunidad lingüística, de acuerdo con lo previsto en el Art. 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
6. Colaborar con los miembros de la comunidad lingüística en una perspectiva transfronteriza.

Capítulo III
Del uso oficial del guaraní y del castellano

Art. 11. Las leyes de la República del Paraguay serán sancionadas y promulgadas en las dos lenguas oficiales. Se harán también, en ambas lenguas, las disposiciones normativas de rango inferior a la ley, incluidas las ordenanzas municipales.

Art. 12. Los habitantes de Paraguay tienen el derecho a utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales, oralmente y por escrito, en sus relaciones con los organismos públicos nacionales, departamentales y municipales.

Los procedimientos iniciados a instancias de parte se tramitarán en la lengua oficial elegida por el interesado que promueva el procedimiento.

Las resoluciones se notificarán o publicarán en las dos lenguas oficiales. En los expedientes, cualquiera que sea la lengua oficial que se utilice por los organismos públicos, éstos deberán librar a los interesados los documentos o las comunicaciones en la lengua oficial que soliciten.

Los títulos académicos se expedirán simultáneamente en las dos lenguas oficiales.

Art. 13. Los avisos, formularios e impresos oficiales deberán estar redactados en los dos idiomas oficiales. Asimismo, en la publicidad institucional se utilizarán equitativamente las dos lenguas oficiales. En dicha publicidad se utilizarán, también, las lenguas indígenas de Paraguay que no pertenecen a la familia guaraní.

Art. 14. Para el acceso a los cargos de los organismos públicos nacionales, departamentales y municipales, será requisito necesario acreditar el conocimiento de las dos lenguas oficiales.

El gobierno promoverá que todos los funcionarios y empleados que, a la entrada en vigor de la presente ley, prestan su servicio en los organismos públicos, adquieran la capacitación lingüística adecuada.

Art. 15. Los habitantes de Paraguay tienen el derecho a utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales, oralmente y por escrito, en sus relaciones con la administración de justicia. Las sentencias serán dictadas en la lengua oficial de la parte recurrente si así lo solicitare.

Art. 16. La inscripción de todo tipo de documentos y títulos en los registros públicos se hará en el idioma oficial en que esté redactado el documento.

Art. 17. En la regulación de la toponimia tendrán preferencia los nombres originarios correspondientes a todas las lenguas de la nación.

Art. 18. En la programación de los medios de radiodifusión y televisión de titularidad pública, las dos lenguas oficiales deberán tener una presencia equitativa. Las lenguas indígenas tendrán asimismo una presencia proporcional a su importancia territorial y demográfica.

Capítulo IV
De la educación

Art. 19. Los egresados de los estudios de educación inicial y escolar básica, formal y no formal, requerirán, en todo caso, además de los conocimientos curriculares pertinentes, haber acreditado la capacidad de utilizar normal y correctamente las dos lenguas oficiales. La enseñanza de las dos lenguas oficiales, tanto en los ámbitos formal como no formal de la educación, continuará hasta el nivel superior.

Art. 20. Los profesores deben conocer y emplear las dos lenguas oficiales.

En los centros de Formación Docente se capacitará a los alumnos para sean educadores bilingües y puedan desarrollar las tareas escolares tanto en guaraní como en castellano.

El gobierno dispondrá los medios necesarios para facilitar a los profesores que ejerzan actividades educativas, a la entrada en vigor de la presente ley, puedan adquirir gradualmente el conocimiento de las dos lenguas oficiales que sea adecuado a la labor docente.

Capítulo V
Del ámbito socioeconómico y del impulso institucional

Art. 21. En la medida en que las menciones del etiquetado de productos afecta a la salud y a los derechos de los usuarios y consumidores, dichas menciones, como mínimo para los productos alimenticios, deben figurar, en las dos lenguas oficiales. El gobierno regulará, para los demás productos, dichas menciones, al objeto de que figuren en las dos lenguas oficiales.

Art. 22. En los servicios de transporte públicos, los rótulos y los avisos figurarán, en las dos lenguas oficiales. Cuando los usuarios sean mayoritariamente hablantes de alguna otra lengua indígena se utilizará también su lengua. Las comunicaciones megafónicas se difundirán con los mismos criterios.

Art. 23. El gobierno regulará la presencia de las lenguas oficiales y de las lenguas indígenas de Paraguay en los medios de radiodifusión y televisión privados. A su vez el gobierno promoverá la presencia de todas las lenguas mencionadas en las nuevas tecnologías y en las industrias culturales.

Art. 24. El gobierno estimulará y fomentará la edición, distribución y difusión de libros y publicaciones periódicas, tanto en soporte papel como magnético, en guaraní y en las demás lenguas indígenas de la nación.

Art. 25. El gobierno, a través de, entre otras medidas, como subvenciones, bonificaciones o exenciones fiscales, fomentará la presencia de la lengua guaraní y, en su caso, de las demás lenguas indígenas, en la publicidad presente en los espacios públicos.

Art. 26. Los municipios promulgarán ordenanzas destinadas a favorecer y estimular el uso equitativo de las dos lenguas oficiales en la rotulación y en los letreros de los establecimientos comerciales, así como en los de los centros culturales, recreativos, sociales, deportivos y religiosos. El mismo criterio se aplicará en la señalización y rotulación de las calles. Las lenguas indígenas también serán utilizadas con criterios de equidad.

Capítulo VI
Secretaría de Política Lingüística

Art. 27. Crease la Secretaría Estado de Política Lingüística, como órgano del gobierno dependiente del Poder Ejecutivo, destinado a definir e implementar la política lingüística nacional en el marco de esta ley. En todo lo concerniente a políticas educativas y culturales, trabajará en estrecha relación con el Ministerio de Educación y Cultura. De igual modo con los organismos oficiales o municipales que atiendan las áreas específicas que se contemplan en esta Ley. Para el debido cumplimiento de sus funciones se le garantiza autonomía funcional.

Art. 28. Por Decreto del Poder Ejecutivo se nombrará al/ a la Secretario/a de Política Lingüística. Los funcionarios y empleados de la Secretaría serán nombrados según las normas generales del empleo público.

Art. 29. La Secretaría de Política Lingüística se estructurará en tres direcciones generales a las que corresponderán las siguientes competencias y responsabilidades:

1. Dirección General de Planificación Lingüística. Esta dependencia elaborará las normas necesarias para la aplicación de esta Ley, promoverá proyectos y programas para su implementación, teniendo en cuenta las posibilidades de las nuevas tecnologías, expedirá las propuestas elaboradas por el Instituto de la Lengua Guaraní y de las Lenguas Indígenas cuyas tareas define el Capítulo VII de esta Ley, y fomentará la colaboración internacional en el ámbito de las lenguas.
2. Dirección General de Cooperación Lingüística. Esta Dependencia se encargará de facilitar el cumplimiento de esta ley por parte de todos los organismos de la administración y de los medios de comunicación públicos, organizará cursos de formación lingüística para los funcionarios y establecerá convenios con agentes económicos y organizaciones no gubernamentales en el área lingüística.
3. Dirección General de Evaluación y Estudios Sociolingüísticos. Esta Dependencia fomentará el conocimiento estadístico y sociológico del uso de las lenguas de la República del Paraguay, tanto las oficiales como las indígenas y las extranjeras, colaborará con las universidades y centros de investigación sociolingüística, elaborará los aspectos lingüísticos de los censos, establecerá las bases de datos y promoverá los estudios necesarios para la definición de las políticas lingüísticas.

La Secretaría de Política Lingüística estará asesorada por una Comisión de expertos. Sus miembros serán nombrados por la persona titular de la Secretaría de Política Lingüística, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia. Ejercerán sus funciones en carácter ad honorem. En caso de necesidad, tendrán derecho a percibir viáticos para el mejor ejercicio de sus funciones.

Capítulo VII
Instituto de la Lengua Guaraní y de las Lenguas Indígenas

Art. 30. Crease el Instituto de la Lengua Guaraní y de las Lenguas Indígenas, dependencia de carácter académico que ejercerá la autoridad suprema en las tareas de estandarización de la lengua guaraní y de las lenguas indígenas.

Para la lengua castellana se reconoce la autoridad que corresponde a la Real Academia de la Lengua Española y a la Academia Paraguaya de la Lengua Castellana.

Art. 31. El Instituto tiene competencia en todos los temas de estructura y normativa lingüística, tales como alfabeto, léxico, morfología y sintaxis. Publicará los diccionarios y las gramáticas oficiales de la lengua guaraní y de las lenguas indígenas. Estas tareas normativas tienen que contar con el acuerdo de la mayoría de la comunidad lingüística afectada en cada caso. La normatividad estará al servicio de las modalidades vivas de la lengua hablada.

Art. 32. El Instituto estará compuesto por un máximo de veinte miembros seleccionados en función de su competencia como académicos o investigadores en el ámbito de las ciencias del lenguaje. Serán nombrados por Decreto del Poder Ejecutivo, oído el parecer del Consejo Nacional de Educación y Cultura, previa presentación de candidatos por las universidades e institutos superiores que tengan carrera de lenguas o estudios de lenguas indígenas.

Art. 33. El mandato de los miembros del Instituto será de diez años renovables una sola vez. La renovación se producirá por mitades cada cinco años. La primera renovación se realizará a los cinco años de la creación del instituto y afectará por sorteo a quince de sus miembros.

Art. 34. La Dirección General de Política Lingüística establecerá el régimen económico del Instituto. La elaboración de diccionarios y de gramáticas se realizará con presupuestos específicos.

Art. 35. El Instituto se regirá por un reglamento interno elaborado por sus miembros. El Presidente del Instituto se determinará por elección entre sus miembros.

Art. 36. Los acuerdos del Instituto, aprobados por los dos tercios de sus miembros, se comunicarán a la Dirección General de Política Lingüística para su expedición oficial.

Capítulo VIII
Consejo Social de las Lenguas del Paraguay

Art. 37. Crease el Consejo Social de las Lenguas del Paraguay, organismo consultivo de la política lingüística del Estado, con el objetivo de fomentar la participación de todos los agentes sociales en la definición e implementación de la política lingüística nacional.

Art. 38. El Consejo deliberará, por iniciativa propia o a requerimiento de la administración, sobre los temas de política lingüística que sean de interés general para la República del Paraguay. Formulará opiniones y propuestas en el marco de esta ley, las cuales serán comunicadas a la Dirección General de Política Lingüística. Dichas opiniones y propuestas no tendrán carácter preceptivo ni vinculante.

Art. 39. La composición del Consejo será determinada por una reglamentación posterior a propuesta de la Secretaría de Políticas Lingüísticas.

Art. 40. El Consejo elegirá un Presidente y un Secretario y se regirá por un reglamento interno elaborado por sus miembros. Se reunirá en sesión ordinaria una vez al año y en sesión extraordinaria cuando lo solicite una cuarta parte de sus miembros.

Art. 41. El mandato de los miembros del Consejo será de seis años renovables una sola vez. La renovación se producirá por mitades cada tres años y afectará en esta proporción a cada una de las entidades representadas. La primera renovación se realizará excepcionalmente a los tres años de la creación del Consejo.

Art. 42. Los miembros del Consejo ejercerán sus funciones de forma honorífica. No percibirán remuneración alguna, pero tendrán derecho a permiso con goce de sueldo de sus respectivas instituciones durante todo el tiempo que duren las deliberaciones del Consejo y tendrán derecho a percibir viáticos de sus respectivas instituciones. La Dirección General de Política Lingüística dotará con los medios económicos adecuados a la Secretaría del Consejo.

Capítulo IX
De las disposiciones transitorias

Art. 43. Transcurridos nueve meses desde la entrada en vigor de la presente ley, todos sus preceptos tendrán plenos efectos. Durante este plazo el gobierno adoptará las medidas necesarias para la plena aplicación de la Ley.

Art. 44. En un plazo de cinco años o, si es superior, el que resulte de la fecha de caducidad, podrán seguir en el mercado los productos alimenticios que no cumplan la normativa lingüística relativa al etiquetado que contiene el Artículo 21 de la presente ley.

Art. 45. Los miembros de la actual Comisión Nacional de Bilingüismo integrarán, transitoriamente, la Secretaría de Estado de Políticas Lingüísticas.

Capítulo X
De las disposiciones finales

Art. 46. Quedan derogadas todas las disposiciones legales que no guardan congruencia con la presente ley.

Art. 47. Comuníquese al Poder Ejecutivo.